Un Reglamento de telecomunicaciones para garantizar la igualdad

Vivimos un momento crucial para el sector de las telecomunicaciones. Las nuevas realidades sociales hacen que, más que nunca, Administración y colegios oficiales tengamos que buscar y poner en marcha un reglamento sólido, que permita la regulación de la actividad y en el que trabajemos unidos. Es necesaria la puesta en marcha de acciones conjuntas, capaces de regular todos los proyectos que se llevan a cabo en las localidades, regiones y demarcaciones territoriales, siendo capaces de distinguir el tanto el tamaño de esos territorios, como el número de personas que viven en ellos.

El objetivo es ofrecer garantías, suministro, calidad y un certificado, que garantice que todos los servicios de telecomunicaciones lleguen a la ciudadanía, con el compromiso de los operadores y sin dejar de lado el control de cada instalación. Los nuevos cambios sociales, en los que las nuevas tecnologías se erigen como herramienta fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana, así lo exigen.

    ¨Nuestro deber y nuestro compromiso es que ningún ciudadano quede atrás en este proceso de cambio tecnológico¨

El Reglamento de las Telecomunicaciones, que nace como un servicio necesario para todos los agentes sociales; está llamado a ser motor del cambio, ayudando a dirigir y centralizar el enorme esfuerzo de transformación digital puesto en marcha por las instituciones públicas, empresas y la propia ciudadanía.

Además de dejar registrados en la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones (JPIT) de cada comunidad todos los proyectos de Red de Alimentación (RA) y Red de Distribución (RD), la normativa vigente, con el ánimo de facilitar la rapidez de los despliegues FTTH en nuestro país, ha simplificado muchísimo la documentación a aportar para la ejecución de este tipo de redes. No ha articulado ninguna normativa técnica básica, dejando que cada operador imponga criterios propios y entregando un plan que nunca se podrá ajustar a lo realmente desplegado. En otro tipo de instalaciones, como las de baja o media tensión, si existe esta normativa, debiendo registrar tanto el proyecto como el certificado de la instalación en la dirección general de Industria, lo cual confiere cierta seguridad de que los trabajos ejecutados mantienen unos parámetros de seguridad, quedando además patente el itinerario seguido en la instalación.

Temas como la fijación e instalación de cableado en fachadas, pasos aéreos, la fijación de CTOS y cajas de empalme en fachada, las pequeñas obras de albañilería, tipología de cableado utilizado, quedan sin normativa y a criterio de los operadores. Tampoco es necesario un certificado fin de instalación que registre los cambios en el itinerario de la red para que la misma quede certificada e inventariada, lo que puede suponer un problema para la administración al no tener constancia de la propiedad y características de la red desplegada en su municipio.

Al margen de todo ello, que cada operador dé a conocer a la administración su inventariado de red es vital para descubrir la huella real de cobertura y hogares conectados. Sin esta información, es imposible saber qué áreas son las más necesitadas y, por tanto, dónde ha de invertir la administración el dinero de los ciudadanos, para contribuir al desarrollo de las zonas con menos accesibilidad a las nuevas redes de banda ancha.

Y es que este, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la nueva sociedad de la información, para poder avanzar en igualdad de condiciones, con respecto no solamente a otras ciudades, sino incluso, a otros países. Estar conectado ya no es una opción para los ciudadanos, es una necesidad básica.

    ¨La información y la regulación son claves para determinar dónde hacen falta las ayudas¨

Necesitamos poder monitorizar en tiempo real qué es lo que ocurre, saber quién se conecta, cómo son los mapas de calor, qué tipo de hogares son los que están enganchados a una red y otras cuestiones claves. Las grandes operadoras determinan, con el acuerdo de empresas de análisis de mercado, qué es lo que ocurre en un tiempo concreto, estableciendo el interés o no de las plataformas de consumo relacionadas con el ocio y entretenimiento.

Sin embargo, las entidades locales tienen el derecho de acceder a una serie de datos, para poder determinar una serie de ayudas en un Plan de Contingencia de manera objetiva, para garantizar el servicio a los que más necesitan.

Si no participan de manera activa en el proceso de transformación digital y dejan pasar este tren, las entidades locales perderán, aún sin saberlo, una oportunidad única para acercarse al ciudadano y mejorar su calidad de vida. Y, lo que es más importante, los ciudadanos perderán su derecho a ser tratados por igual, independientemente de dónde vivan. Se creará la tan temida brecha digital, que va camino de convertirse en la nueva brecha social.  

En ese vagón, dentro de la cadena de valor, tampoco los colegios de telecomunicaciones pueden quedarse fuera. Su papel como interlocutores sociales y su relevancia para la defensa del acceso a la tecnología como un derecho, es fundamental. Somos un eslabón clave para gestionar y facilitar el empleo y la distribución de las comunicaciones que, sin duda, marcarán este S.XXI.

José Antonio López Olmedo. Colegiado 10992

Presidente AEGITT